Condenado por desmontar

 

A prisión por desmontar. Fue en Tartagal donde la justicia salteña condenó al dueño de un campo a un año de prisión por desmontar en zonas prohibidas. A partir de este fallo se crea un precedente jurisprudencial directo.

El fallo es la primera sentencia punitiva a causa de desmontes ilegales a nivel nacional en el marco de la Ley de Bosques aprobada en 2008. Según fuentes judiciales, si bien la figura de desmontes ilegales no se encuentra presente en el código penal, a partir de este fallo se crea un precedente jurisprudencial directo.

La justicia penal de Tartagal falló en contra del hacendado Juan José Karlen y lo condenó a una pena de un año de prisión. Los hechos que fundaron el fallo se remiten a año 2013 cuando el acusado desmontó unas 10.000 hectáreas en zonas del norte salteño donde está prohibido dicha actividad.

Según un cable de la Agencia DyN, el hijo del sentenciado, Daniel Karlen, y el encargado de la finca, Miguel Ángel González, fueron absueltos luego de los alegatos, las testimoniales y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

El fallo

Funcionarios de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Salta ratificaron que el 11 de abril de 2013 habían detectado una incipiente actividad ilegal en los terruños de los Karlen y que por ello los intimaron legalmente a que desistieran de seguir avanzando. Según explicaron, incluso pusieron franjas de clausura.

Sin embargo, según la acusación, los Karlen removieron las franjas inhibitorias y continuaron con sus desmontes hasta alcanzar la superficie de 10.000 hectáreas taladas de una zona protegida por la Ley de Bosques.

Por ello, el veredicto judicial le atribuye al padre la culpabilidad en el delito de desobediencia judicial agravado por una práctica ilegal, el desmonte de zonas explícitamente protegidas.

El fiscal Pablo Cabot fundamentó el pedido de condena en el artículo 239 del Código Penal que indica que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

Karlen recibió la máxima condena que podía recibir según el delito que se le imputaba, ya que no sólo desoyó las intimaciones sino que hasta actuó impunemente removiendo las demarcaciones que la Secretaría de Ambiente había hecho en el lugar. (Fuente: Agencia DyN) (Fotos: El Intransigente)

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