Ley de Bosques, cinco años después

Un estudio de Greenpeace, FARN y Fundación Vida Silvestre revela que los desmontes bajaron un 20 % desde 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques en Argentina, aunque advierte que la destrucción de bosques sigue siendo alta.

 

Por Pedro Lipcovich/Página 12

Más de 1.100.000 hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques, en 2007, y ílo más grave es que la mayor parte de la pérdida se produjo en las zonas amarilla y roja, donde está prohibido deforestarî: así lo advierte un documento de las entidades Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre. En su evaluación, al cumplirse cinco años de vigencia de la norma, las entidades critican, entre otras cosas, los desmontes en zonas prohibidas, donde íretiran todo el sotobosque y dejan unos pocos árboles, como si fuera una plazaî; esto sucedería sobre todo en íSantiago del Estero, Salta, Chaco y Córdobaî. Las provincias más cuestionadas son Santiago del Estero, donde el incumplimiento de la ley se vincula con íconflictos cada vez más violentos entre empresarios y comunidades campesinasî y Salta, donde ía sola solicitud del propietario se autorizan desmontesî. Las entidades critican también íla falta de financiación para hacer cumplir la ley: en 2013 el presupuesto es diez veces menos que el que la ley ordenaî. Reconocen como ípositivoî el hecho de que, desde la sanción de la ley, los desmontes bajaron un 20 por ciento.

La Ley 26.331 fue sancionada en diciembre de 2007. Según el informe, íhasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas, lo cual promedia 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día y 26 hectáreas por horaî. Y ílamentablemente, no existe información oficial para discriminar qué proporción de esos desmontes fue realizada con autorizaciones de las administraciones provinciales y cuál fue hecha en forma ilegalî. Según Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, ílo más preocupante es que la mayor parte de la deforestación se produjo en las zonas amarillas y rojasî. La ley distingue entre áreas verdes, donde ñinforme ambiental y audiencia pública previosñ se permite desmontar; amarillas, donde se permite tala controlada y ganadería de bajo impacto; rojo, donde no se permite ningún desmonte. El ambientalista reconoció como ípositivo el hecho de que el promedio de deforestación bajó un 20 por ciento desde que se promulgó la ley, aunque sigue siendo altoî. La única provincia que no registra pérdida de bosque en estos años es San Juan.

Otro aspecto positivo es que íveinte provincias establecieron por ley el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativosî, que define dónde se puede desmontar y dónde no. íA partir de esto, Chaco, Misiones y San Luis disminuyeron en un 50 por ciento la deforestaciónî, observó Giardini. Pero ílos ordenamientos de Corrientes, Córdoba y Formosa están judicializados porque permiten desmontar en zonas que la Ley 26.331 prohíbeî.

íSantiago del Estero, Salta, Chaco y Córdobaî autorizaron ídesmontes violatorios de la ley nacional: retiran todo el sotobosque y dejan sólo árboles maduros, a menudo sólo 20 o 30 por hectárea, con lo cual lo que resta es más bien parecido a una plaza; allí ponen pasturas altas y meten las vacas. Esto implica la pérdida de gran parte de los servicios ambientales que suministra el bosque, como la regulación climática y la conservación de los suelosî, explicó Giardini.

íEn Santiago del Estero han aumentado los conflictos de tierras vinculados con la deforestación y se han vuelto cada vez más violentosî: enfrentan a los empresarios de la ganadería y la soja con las comunidades. Y íen Salta se efectuaron desmontes en zonas protegidas e incluso en los cuatro departamentos donde se habían suspendido por un fallo de la Corte Suprema de la Naciónî. Además la provincia hizo recategorizaciones en las que, ía sola solicitud del propietario, se autorizan desmontesî, denunció el representante de Greenpeace.

íLa ley continúa desfinanciadaî, advierte el informe, y explica que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que establece la Ley 26.331, consiste en el 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, a lo cual se suma el 2 por ciento del total de las retenciones a exportaciones de productos procedentes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. En función de esto, íen 2013 los fondos deberían llegar a 2300 millones, pero, de acuerdo con el Presupuesto aprobado en el Congreso nacional, serán sólo de 230 millones, diez veces menosî. Además, ífalta información sobre el nivel de ejecución de estos fondos a nivel provincial. La Secretaría de Ambiente de la Nación estima que sólo el 10 por ciento de los fondos fueron rendidos y ejecutadosî. Esos fondos hubieran permitido ífortalecer la capacidad de control de las provincias, compensar a los titulares que hagan tareas de conservación y fomentar las actividades productivas de los pequeños productores rurales y comunidades indígenasî. Según Giardini, íla responsabilidad por la desfinanciación del Fondo es tanto de la Nación como de las provinciasî.

Página 12/ 2 de febrero de 2013

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