Menos tierras por mayores inversiones

Países de América del Sur afectados por el acaparamiento de tierras comienzan a tomar medidas para contrarrestar el fenómeno.

 


El íland grabbingî, o acaparamiento de tierras, se hace sentir desde 2007 con inversiones millonarias en compra o arrendamiento de grandes extensiones cultivables en muchos de los países más fértiles del mundo. En este fenómeno convergen corporaciones transnacionales, elites nacionales y fondos de inversión controlados por países como China, Kuwait, Qatar y otros.

América Latina y el Caribe no son países ajenos a la tendencia, con Argentina y Brasil a la cabeza. Una serie de estudios y análisis realizados en 2011 por la FAO en 17 países de la región, halló distintos grados del fenómeno en México, Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.

El acaparamiento va de la mano con la expansión de cultivos que son insumos en la tríada agropecuaria alimento-forraje-combustible, a menudo orientada a la exportación.

Saturnino Borras, autor de uno de esos estudios, explica a TerraViva que íla convergencia de crisis alimentaria, energética, financiera y climática es el factor más importante de la actual fiebre global de tierrasî.

Además, íotro aspecto es la fusión de los sectores de alimentos y energía, que se aprecia de varias formas, como la aparición de cosechas que pueden utilizarse indistintamente como alimento, como forraje o como biocombustible: caña de azúcar, maíz, soja o palma aceiteraî, dice Borras, profesor asociado de desarrollo rural, ambiente y población de la Universidad Erasmo de Rotterdam.

Aunque no siempre el acaparamiento implica extranjerización en América Latina, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay han aprobado o anunciado leyes para evitar inversiones extranjeras masivas en este rubro.

En diciembre de 2011, Argentina promulgó la ley 26.737, según la cual, ílos extranjeros en su conjunto no pueden poseer más de 15 por ciento de la tierra agrícola nacionalî, según Gustavo Infante, representante de FAO en nuestro país.

De ese 15 por ciento, las empresas y los inversionistas institucionales del exterior no pueden adquirir tierras que juntas sumen más de 30 por ciento. Y cada compañía e inversor individual no puede poseer más de 1.000 hectáreas.

Pero la organización no gubernamental Grain, que promueve el uso sostenible de la biodiversidad agrícola, señala que estas legislaciones son insuficientes.

Las restricciones dejan abiertos muchos caominos, como el acaparamiento indirecto, o ignoran realidades habituales en la región, como el peso que siguen teniendo en las grandes propiedades las elites económicas locales.

íLimitar la inversión directa en tierras no es algo maloî, apunta Grain en uno de sus informes. íPero sería preferible un enfoque más integral: Que se replantearan las nuevas políticas de tierras como parte de una más amplia reorganización de las estrategias de desarrollo agrícola y ruralî.

 

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