Amazonia en peligro

Sólo tres meses antes de que los líderes del mundo se reúnan en Rio de Janeiro para conmemorar el vigésimo aniversario de la Cumbre de la Tierra, la ley forestal de Brasil está a punto de ser modificada una vez más y, según los conservacionistas, no a favor de los bosques.

Las reformas propuestas al Código Forestal de Brasil, debatidas intermitentemente durante dos años, pueden ser un golpe duro a los recientes éxitos del país en su política de combate a la desforestación. Darían amnistía a los agricultores que hayan estado involucrados en actividades ilegales de deforestación antes de julio de 2008 y reducen el área de bosque que los propietarios deben reservar, favoreciendo así la expansión agrícola.

Esto sucede a pesar de que en 2009, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio climático celebrada en Copenhague, Brasil había anunciado su plan de reducir la deforestación amazónica en un 80 por ciento.

Un estudio reciente de CIFOR destaca la importancia de la aplicación de la ley forestal para alcanzar la meta de reducción del 80 por ciento de una manera rentable y equitativa, según informa El Librepensador, de Perú.

REDD es el acrónimo de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los Bosques, un mecanismo emergente en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En su estudio, destacan la necesidad de encontrar una combinación justa desde el punto de vista social entre la compensación y la aplicación las leyes de conservación, y muestran que una aplicación efectiva de la ley es fundamental para mantener el costo de implementar REDD en Brasil dentro un rango manejable.

En línea con investigación llevada a cabo por CIFOR anteriormente, los autores identifican una deficiente definición y delimitación espacial del uso de los bosques y de los derechos de propiedad en la Amazonia como uno de los factores que reduce la efectividad de cualquier estrategia de conservación en Brasil. Por lo tanto, es posible que un cambio en las reglas de juego tenga poco impacto a menos de que la infraestructura legal e institucional para ponerlas en práctica esté completamente operativa.

Sin embargo, la inminente reforma de la ley forestal, envía una señal clara a los usuarios de tierra que tenían razones para temer que se los haga responsables de las operaciones ilegales del pasado. Por ello y con toda razón, bajar los estándares en términos de los objetivos de conservación podría ser interpretado como un incentivo para deforestar más. No obstante, una meta de conservación menos ambiciosa en el plano legal podría darles a las autoridades el apoyo moral y político suficiente como para tomar en cuenta la aplicación de la ley de forma más seria.

Las recientes y cuantificables mejoras en la aplicación de la ley forestal sugieren que la voluntad política para hacerlo está allí.

De ser aprobada, sólo el tiempo nos podrá decir si la reforma de la ley forestal fue una jugada inteligente por parte de la administración ambiental de Brasil, o simplemente el resultado de una lucha desigual de poder entre conservacionistas e intereses agrocomerciales.

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